El sacerdote oblato Mario León Dorado, prefecto apostólico del Sáhara Occidental, habla con ACN de la difícil labor para acompañar a la población y a los migrantes
ACN, María Lozano.- Desde su llegada, en 1954, la Iglesia católica ha mantenido una presencia constante en el región del Sáhara Occidental. Cuando en 1975 la región dejó de ser un protectorado español, la Iglesia decidió quedarse a pesar de que la mayoría de la población no autóctona abandonó la región.
Este gesto de perseverancia no pasó desapercibido para la población restante, como explica el prefecto apostólico y misionero oblato, Mario León Dorado: “La población local siempre ha visto con muchísimo respeto nuestra presencia. Defienden a la Iglesia como parte identitaria de la región del Sahara occidental”. Un ejemplo de esto, cuenta el sacerdote español durante la visita a ACN, es que cuando una de las dos iglesias católicas iba a ser demolida por las máquinas en el marco de una reestructuración urbanística, fue un saharaui en silla de ruedas el que se puso enfrente de las máquinas, la defendió y consiguió salvarla del derribo. “Curiosamente hoy en día esa iglesia es patrimonio cultural”, añade sonriendo.
Una comunidad muy pequeña
La pequeña comunidad católica de esta región cuenta con dos parroquias; una en el norte, El Aaiún, y una en el centro-sur, en Dajla. “Apenas son 50 o 60 feligreses en cada una, un número pequeño pero significativo”, según el padre Mario, “y un crisol de nacionalidades, con personas de todo el mundo que llegan en busca de oportunidades económicas o que hacen una parada en su camino para seguir hacia Europa”.
La presión familiar y las expectativas sociales a menudo empujan a estos individuos a arriesgar sus vidas en busca de un futuro mejor para sus seres queridos, aunque la libertad de elección esté muy lejos de ser una realidad para muchos de ellos. Sin embargo, las rutas más cortas están controladas desde hace unos años por Marruecos. Esto ha forzado a muchos a lanzarse al mar desde Senegal o Mauritania, enfrentándose a un peligroso trayecto de hasta 1.600 kilómetros en frágiles botes o lanchas. Casi todos se enfrentan a la dura realidad de las mafias que controlan las rutas migratorias.
“La política de no dar visados a nadie no puede ser la solución. La mafia es inmisericorde y dejar el flujo migratorio en sus manos es un grave problema”, subraya el sacerdote. La falta de oportunidades en sus propios países y la desinformación son otros factores, según el misionero, que contribuyen a la migración forzada. “Según la ONG Caminando fronteras, en 2023, más de 6.000 personas fallecieron en el Atlántico, y en los primeros cinco meses de 2024, casi 5.000 han perdido la vida intentando llegar a Europa”, explica consternado.
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